Resultados de las campañas anticorrupción en los países piloto

23.05.2017

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En Côte d’Ivoire, en colaboración con el Ministerio de Salud y el Mecanismo de Coordinación de País, la campaña se centró específicamente en la población local para promover la sensibilización acerca de los peligros de tomar un medicamento antituberculoso no prescrito, el RHZE, comprado en los mercados callejeros. La distribución selectiva de folletos en centros de salud, junto con anuncios del servicio público en la radio nacional, parecen haber contribuido a reducir la oferta y demanda de este medicamento ilegal en las calles, tal como indica un reciente estudio de mercado.

En Malawi, en colaboración con el Ministerio de Salud y la Junta de Farmacias, Medicamentos y Productos Tóxicos, la campaña se diseñó específicamente para animar a la población local a que denunciara el robo de medicamentos. La distribución masiva de folletos directamente a través de la cadena de suministros, junto con vallas publicitarias y anuncios del servicio público en radio nacional, provocaron que se realizaran casi 100 denuncias a una línea directa local a los pocos meses de su lanzamiento. Como resultado,  un grupo de trabajo contra el robo de medicamentos antimaláricos, integrado por agentes procedentes de la Agencias de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Oficina del Inspector General y el Servicio de Policía de Malawi, pudo actuar siguiendo los datos de inteligencia obtenidos de denuncias que detectaban numerosos lugares donde supuestamente se vendían medicamentos antimaláricos robados. El grupo de trabajo encontró posteriormente pruebas que dieron lugar a una serie de  importantes arrestos, sanciones y procesamientos. La campaña se ha prolongado y la Oficina del Inspector General continúa actuando a partir de las pistas recibidas para asegurar que los medicamentos lleguen a la población de Malawi.

En Ucrania, la campaña se centró en asegurar que las personas que se inyectan drogas sigan recibiendo terapia de sustitución de opiáceos gratuita como parte de programas de reducción de daños. Pruebas circunstanciales aportadas por partes interesadas indicaron que algunas personas que se inyectan drogas se veían obligadas a pagar sobornos para conseguir el tratamiento. La campaña se llevó a cabo en más de 100 centros de acogida del país en los que se distribuyeron folletos y pósteres para animar a los beneficiarios a denunciar al teléfono de atención dedicado a la terapia de sustitución de opiáceos si se les pedía que pagaran dinero por el tratamiento. En paralelo, se puso en marcha una investigación de la OIG con el fin de evaluar la dimensión del problema. Finalmente, tras la investigación no se pudieron corroborar las denuncias de corrupción, lo que hizo pensar que el problema no era tan frecuente como se pensó en un principio.